La Justicia Federal pidió al Gobierno provincial 1.135 legajos de empleados estatales que habrían percibido el beneficio del programa de inclusión laboral conocido como Potenciar Trabajo. La situación implica una incompatibilidad, porque la contención estaba destinada a desocupados o precarizados, con lo que se investiga posibles cobros irregulares y el uso político del plan, el cual ha sido reconvertido por el Gobierno nacional en otros dos programas.

A fines de enero se mencionaba que 9.000 empleados públicos cobraban el plan social en el país. El desfalco estimado es de casi 8.000 millones de pesos por año, según consignaron publicaciones periodísticas. Tucumán se ubicaría segunda en el total del país en cuanto a la mayor cantidad de números de casos. En la Provincia, sin embargo, aclararon que ya depuraron las cantidades que se mencionan y que el total de investigados suma finalmente 702. Unos 200 se habían caído por la eliminación de la Unrel (Unidad de Reconversión Laboral) y otros, porque eran contratados que tenían vínculos con vigencia hasta octubre. En la provincia están recabando los datos, porque los trabajadores que figuran en los listados estaban dispersos en distintas áreas y ministerios: había desde policías y guardiacárceles hasta administrativos de distintas oficinas, El ministro de Desarrollo Social detalló entonces a LA GACETA que la mayoría de los involucrados ya efectuaron el descargo correspondiente. Según trascendió, gran parte adujo que desconocía la incompatibilidad de cobrar una asistencia de esa naturaleza teniendo un empleo público. Estimaciones oficiales dan cuenta de que serían 71.000 los tucumanos que cobraban el plan en total. De ellos, 48.000 estaban en manos de organizaciones sociales, cooperativas y fundaciones. El resto eran cupos en municipios y comunas centralizados por la Dirección de Unidad de Gestión de Proyectos Sociales.

La auditoría del Ministerio de Capital Humano volteó en un primer momento 27.000 beneficios por diferentes motivos. Algunas de las incompatibilidades que se evidenciaron por el cruce de información entre las bases de la Anses y del Sinstys (Sistema de identificación nacional tributaria y social) fueron que los que estaban en los registros del Potenciar también recibían jubilaciones o pensiones; eran monotributistas categoría C o superior; residían en el exterior o poseían bienes como un auto con menos de 10 años de antigüedad.  Ya en octubre un fiscal federal le había solicitado a la entonces ministra la baja de 159.919 personas que cobraban el Potenciar y que habían salido del país en cruceros, barcos, aviones, micros y autos. Este programa, bajo sospecha de haber sido usado para acomodos políticos, y que parece caracterizado por la falta de transparencia en su ejecución, se transforma en un caso marcado por oscuros manejos que tanto daño le causan a la sociedad y desprestigian la política. Además de la investigación, se debe transparentar la forma en que establecen los programas de ayuda social, sobre todo porque, en este caso, no se habrían cumplido los objetivos de beneficiar a personas de alta vulnerabilidad.